El registro horario digital tampoco sale en septiembre y queda a la espera del Consejo de Estado

Nota legal: Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. El Real Decreto de registro horario digital sigue en tramitación y no se ha publicado en el BOE.

Segundo plazo incumplido en tres meses

El Gobierno no aprobará el refuerzo del registro horario antes de que acabe septiembre. Lo confirmaron el 25 de septiembre fuentes gubernamentales a El País, y elEconomista.es precisó que el texto ni siquiera se estudió en las reuniones preparatorias del Consejo de Ministros del martes 29, el último del mes.

Es la segunda fecha que cae en tres meses. A finales de julio, Trabajo y Economía pactaron aplazar la aprobación a septiembre para esquivar el ultimátum de CCOO y UGT, que exigían el decreto antes del 31 de julio. El 9 de septiembre Yolanda Díaz habló de aprobarlo “con carácter inmediato”, y el 21 UGT ya reconocía no saber en qué punto estaba el texto (UGT amenaza con congelar sus acuerdos).

El Consejo de Ministros declaró urgente la tramitación de este decreto el 30 de septiembre de 2025. Un año después sigue sin fecha, y la agenda del Gobierno la ocupan ahora las medidas contra la subida de precios por el conflicto en Irán y el decreto de vivienda.

El freno ya no es Economía

Durante meses el atasco se explicó por el choque entre Díaz y Carlos Cuerpo. Esta vez, según fuentes cercanas a Moncloa citadas por La Voz de Galicia y El Correo, no hay conflicto dentro del Gobierno: los dos vicepresidentes trabajan juntos, con la Abogacía del Estado, en cambios al texto pactado con los sindicatos.

El objetivo es conseguir el visto bueno del Consejo de Estado, que en marzo emitió un dictamen desfavorable que concluía: “No procede aprobar el real decreto proyectado”. “La llave del registro de jornada la tiene Carmen Calvo”, resumen fuentes conocedoras de la negociación en referencia a la presidenta del órgano.

El dictamen tenía dos objeciones de fondo:

• Rango de la norma. Según el Consejo de Estado, el decreto “no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley”, sino que “impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”. Es el mismo argumento con el que la CEOE ha anunciado que lo recurrirá.
• Protección de datos. El órgano consultivo considera que el texto no garantiza bien los datos de la plantilla, un punto que también ha señalado la patronal.

También cuantificó el coste: 55,4 euros al año por trabajador y un impacto inicial de 867 millones de euros anuales para el conjunto de las empresas.

Por qué el Gobierno quiere ahora un informe favorable

La ley obliga a pedir el dictamen del Consejo de Estado, pero no a seguirlo, y el Consejo de Ministros podría aprobar el decreto con el informe en contra. Aun así, el Gobierno busca ahora un visto bueno sobre el texto retocado, por lo que pueda pasar en los tribunales.

Según las fuentes citadas por La Voz de Galicia, el Gobierno teme que un reglamento aprobado contra el criterio expreso del máximo órgano consultivo sea más fácil de anular en el Tribunal Supremo. Si la CEOE lo impugna, la pregunta central será si el Gobierno podía imponer por reglamento el registro digital o si hacía falta una ley, y el propio Consejo de Estado ya dejó escrito que lo segundo. Un informe favorable sobre la nueva versión dejaría a los recurrentes sin su mejor argumento, aunque no garantiza el resultado del pleito. Para conseguirlo, el texto tiene que volver a consultarse al Consejo de Estado antes de llegar al Consejo de Ministros, sin fecha conocida.

Y aunque se apruebe, falta la orden técnica

A principios de septiembre, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó que la aplicación de las nuevas obligaciones esperará a una orden ministerial con los requisitos técnicos del sistema de registro. “Ahí es donde señalaremos la entrada en vigor”, dijo.

Esa orden salió a consulta pública en marzo y todavía no tiene borrador. El último texto del decreto que publicó Trabajo fijaba la entrada en vigor a los 20 días del BOE, mientras que Economía defiende un periodo transitorio amplio para las pymes (la ley de reducción de jornada que tumbó el Congreso daba seis meses y Economía pedía un año). Entre la vuelta al Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y una orden que aún no está escrita, parece difícil que el registro digital sea exigible antes de 2027.

El calendario completo está en nuestra guía sobre el estado del Real Decreto de registro horario.

Qué significa para tu empresa

El retraso no toca la obligación vigente. El registro de jornada es obligatorio desde 2019 por el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, la Inspección sanciona hoy por no llevarlo y los tribunales vienen dando por buena la versión del trabajador cuando el registro de la empresa es manual o fácil de retocar.

Para una pyme que todavía ficha en papel, el retraso supone unos meses más para migrar sin prisas, formar a la plantilla y acumular histórico antes de que el decreto obligue. Ese histórico es el que se pide en una inspección o en un juicio por horas extra, y no se puede generar hacia atrás.

El sistema que elijas conviene que cumpla ya lo que exige el borrador: fichaje digital, registros que no se pueden modificar sin dejar rastro, acceso remoto para la Inspección y conservación durante cuatro años. Tienes el detalle en los requisitos que debe cumplir un software de registro.

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Fuentes: El País, elEconomista.es, La Voz de Galicia, El Correo.

Foto: Palacio de los Consejos, sede del Consejo de Estado, Madrid. Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0. Imagen recortada.