Díaz quiere el registro horario y el SMI antes del 29N

Nota legal: Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. A 14 de octubre de 2026 el Real Decreto de registro horario digital no ha pasado por el Consejo de Ministros ni está publicado en el BOE.

El Español lo da por hecho y La Vanguardia lo ve en el aire

El Español publicó el lunes 12 que Yolanda Díaz cuenta con aprobar antes de las elecciones del 29 de noviembre el salario mínimo de 2027 y el nuevo registro horario. “Desde el Gobierno aseguran que el registro horario digital verá la luz antes de la fecha electoral”, escribía el diario, que veía resueltas, “por lo visto, desde hace tiempo”, las diferencias entre Trabajo y Economía. Según su crónica, los equipos de Díaz y del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, “han enterrado el hacha de guerra y habrá registro horario telemático (e inalterable) antes de las elecciones”.

Ese mismo día, el redactor jefe de Economía de La Vanguardia, Jaume Masdeu, repasaba los anuncios que el Gobierno quiere encadenar antes de votar (la subida del SMI, la revalorización de las pensiones) y dejaba el registro horario como el más dudoso de los tres. “Se han incumplido todas las promesas sobre su aprobación”, recordaba, y “ahora ya nadie se atreve a lanzar pronósticos”. Atribuía el bloqueo a “la resistencia del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la norma, trasladada al duro dictamen que emitió el Consejo de Estado”, y cerraba con que el registro “va tan tarde que puede perder el tren de la legislatura”.

El martes 13 se celebró el primer Consejo de Ministros después de esas dos crónicas y el decreto tampoco estaba. Los únicos asuntos de Trabajo en la referencia oficial fueron un nombramiento y la tramitación urgente de unas subvenciones del SEPE a ayuntamientos de Andalucía y Extremadura dañados por los temporales.

El freno ahora es el dictamen del Consejo de Estado

Desde junio, Trabajo y Economía han anunciado tres acuerdos sobre el texto y el decreto sigue sin llegar al Consejo de Ministros. El Español apoya su “por lo visto, desde hace tiempo” en una noticia propia del 19 de junio, cuando Díaz aceptó los cambios que pedía Economía. El 24 de julio los dos ministerios acordaron llevar el decreto al Consejo de Ministros en septiembre, el 9 de septiembre Díaz confirmó el acuerdo con Economía y el PSOE, y a finales de ese mes fuentes cercanas a Moncloa negaban cualquier enfrentamiento y describían a los dos vicepresidentes trabajando juntos en el texto, con la Abogacía del Estado. El decreto no se aprobó ni en julio ni en septiembre.

El obstáculo que queda es el dictamen que el Consejo de Estado aprobó el 19 de marzo, que concluye que “no procede aprobar el Real Decreto proyectado”. La Vanguardia lo atribuye a Cuerpo, pero el dictamen no es vinculante y el Gobierno podría aprobar el decreto sin el aval del órgano. Trabajo ha preferido reescribir el texto para que lo acepte, porque la CEOE ya anunció que lo recurrirá, y un reglamento aprobado contra el criterio del Consejo de Estado llega al Tribunal Supremo con un argumento más en contra. El 2 de octubre, Joaquín Pérez Rey dio por terminados esos cambios y apuntó a octubre (lo contamos aquí). Trabajo no ha aclarado si el texto volverá a consultarse. Si lo hace, el nuevo dictamen tendría que llegar antes del último Consejo de Ministros previo a las elecciones, el del 24 de noviembre.

El SMI tiene fecha y el registro horario no

El Confidencial publicó el 8 de octubre, con fuentes ministeriales, que Trabajo quiere cerrar antes de las elecciones un paquete laboral con el salario mínimo y el registro de jornada como banderas. Para el SMI da un calendario. Los expertos tienen hasta el 31 de octubre (o los primeros días de noviembre) para proponer la subida, después llega la mesa con patronal y sindicatos, y el decreto podría ir al Consejo de Ministros del 10 de noviembre, tres días antes de que empiece la campaña. Según el mismo diario, en campaña el Gobierno no podría publicitar la subida.

Ni Trabajo ni Moncloa han puesto fecha al registro horario más allá del “octubre” de Pérez Rey. Si el Gobierno mantiene las reuniones de los martes, antes del 29 de noviembre quedan las del 20 y el 27 de octubre y las del 3, 10, 17 y 24 de noviembre, seis en total, y las dos últimas caen en plena campaña. A partir del 30 de noviembre el Ejecutivo estará en funciones y la Ley del Gobierno limita lo que puede aprobar, como explicamos en el registro horario aún puede aprobarse antes del 29N.

Si se aprueba, la multa sigue siendo la misma

El Confidencial añadía que lo esperable es “una versión más descafeinada” y recordaba que, al no tener rango de ley, el decreto no podrá incrementar ni individualizar las sanciones, como pretendía el Gobierno al inicio de la legislatura.

Las multas por el registro de jornada están en la LISOS, que tiene rango de ley. El artículo 25 de la Constitución y el artículo 27 de la Ley 40/2015 impiden que un reglamento cree infracciones o sanciones nuevas. El cálculo de una infracción por cada trabajador afectado, con multas de hasta 10.000 euros, iba en la reforma de la jornada de 37,5 horas, que el Congreso tumbó el 10 de septiembre de 2025, y se quedó fuera cuando Trabajo rescató el registro digital por la vía del reglamento. Con o sin decreto, no llevar el registro o llevarlo mal seguirá siendo una infracción grave sancionada con entre 751 y 7.500 euros por infracción, no por trabajador. El número de afectados solo sirve para graduar la multa dentro de esa horquilla.

El decreto cambiaría los requisitos del registro. El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores no exige hoy un formato concreto, y el borrador obliga a que sea digital, con rastro de cualquier modificación y consultable en remoto por la Inspección. Una hoja de papel con tachaduras ya pierde valor en los juicios por horas extra (en Cataluña una empresa fue condenada a pagar 928 horas por un registro así), y con el decreto dejaría de ser un sistema admitido.

Tampoco obligaría al día siguiente de salir en el BOE. La Ley del Gobierno hace que las normas con obligaciones nuevas para empresas empiecen a aplicarse el 2 de enero o el 1 de julio, salvo que la memoria justifique otra fecha, y Pérez Rey ha vinculado la exigencia a una orden ministerial con los requisitos técnicos que todavía no tiene borrador público. Los plazos incumplidos desde enero están recogidos, uno a uno, en la guía sobre el estado del Real Decreto de registro horario.

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Fuentes:

• El Español, 12 de octubre de 2026
• La Vanguardia, 12 de octubre de 2026
• El Confidencial, 8 de octubre de 2026
• Referencia del Consejo de Ministros, 13 de octubre de 2026 (La Moncloa)
• Europa Press, 24 de julio de 2026
• Constitución Española, art. 25 (BOE)
• Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 27 (BOE)
• Ley 50/1997 del Gobierno, arts. 21 y 23 (BOE)
• Estatuto de los Trabajadores, art. 34.9 (BOE)
• LISOS, arts. 7.5, 39 y 40 (BOE)

Foto: Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, con su cartera ministerial en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros (noviembre de 2023). Pool Moncloa / José Manuel Álvarez. La Moncloa, vía Wikimedia Commons, reproducción autorizada citando la fuente. Imagen recortada.