CCOO y UGT dan al Gobierno hasta el 31 de julio para aprobar el registro horario

Nota legal: Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. El Real Decreto de registro horario digital sigue en tramitación y todavía no se ha publicado en el BOE.

Los sindicatos ponen fecha y ponen precio

Durante meses, CCOO y UGT habían pedido que el registro horario saliera “de una vez”, sin más. El 30 de junio subieron la apuesta. Unai Sordo y Pepe Álvarez fijaron una fecha, el 31 de julio, y le añadieron una amenaza concreta: si el Real Decreto no está aprobado para entonces, dejan de firmar acuerdos con el Gobierno durante el resto de la legislatura.

El registro horario por decreto no viaja solo en ese órdago. Los sindicatos lo meten en el mismo paquete que la subida del salario mínimo sin absorción y la ley de riesgos laborales, que sigue parada. Sordo y Álvarez lo plantearon como una cuestión de credibilidad: si lo que se firma no acaba convertido en derechos, avisan, la confianza que ha sostenido el diálogo social estos años se erosiona y los próximos acuerdos serán mucho más difíciles.

Por qué el 31 de julio y no otra fecha

Agosto vacía el Consejo de Ministros. Lo que no salga en las dos o tres reuniones que quedan de julio se va, en la práctica, a septiembre como pronto, y para entonces el calendario político es otro. La fecha marca el último tramo con margen real para aprobar la norma antes del parón.

Hay un segundo reloj menos visible. Yolanda Díaz suena como candidata a dirigir la Organización Internacional del Trabajo, con las candidaturas cerrándose a finales de agosto. La ministra que empuja el decreto tiene, por tanto, un incentivo propio para dejarlo cerrado antes de irse, y también el riesgo de perder fuelle político si su horizonte se mueve a Ginebra. En los dos escenarios el empuje apunta a cerrar el decreto antes del verano, no a aparcarlo hasta el otoño.

Este decreto viene del plan B del Gobierno. El plan A, la reducción de jornada a 37,5 horas por ley, se cayó en el Congreso por falta de apoyos. Lo que le queda al Ejecutivo son las medidas que puede sacar por vía reglamentaria, sin depender de votos que no tiene, y el control de la jornada es la principal. Los sindicatos aprietan aquí porque es el terreno donde el Gobierno no necesita a nadie más para actuar.

El obstáculo no ha desaparecido

El freno tiene nombre desde marzo. El Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable sobre el borrador y planteó objeciones de fondo: que el texto no evalúa bien el impacto económico, que impone obligaciones más propias de una ley que de un reglamento, que no distingue entre sectores con realidades muy distintas y que la protección de datos del trabajador se queda corta.

Ese dictamen no es vinculante —el Gobierno puede aprobar el decreto igualmente— pero hace dos cosas incómodas. Da argumentos jurídicos a quien quiera impugnar la norma después en los tribunales, y ha alimentado la fricción dentro del propio Ejecutivo, con Trabajo y Economía tirando en direcciones distintas sobre cuánto suavizar el texto para las pymes. El ultimátum sindical llega, precisamente, para forzar que esa discusión interna se cierre antes de que se agote el mes.

Qué cambia esto para una pyme

En lo inmediato, poco. Que la fecha de aprobación baile no cambia lo que el decreto va a exigir, porque el contenido lleva meses sobre la mesa en el borrador del Real Decreto: fichajes por medios digitales, con hora y minuto de entrada, salida y pausas; registros no manipulables sin dejar rastro; acceso del trabajador a sus propios datos; y consulta de la Inspección de Trabajo, en la versión que más se ha discutido, en remoto.

Nada de eso se improvisa el día que salga en el BOE. Una empresa que hoy ficha en papel, o en una hoja de Excel que cualquiera puede editar después, tendría que rehacer su forma de registrar la jornada casi desde cero, y ese cambio lleva su tiempo si se hace bien (aquí explicamos cómo cumplir paso a paso). Y el plazo entre la publicación y la entrada en vigor de estas normas suele ser corto. Moverse ahora no sirve para adelantarse a una fecha concreta —que nadie tiene—, sino para llegar a ella con el problema resuelto y no con la cuenta atrás encima.

Un sistema de registro digital resuelve ese salto por adelantado. Con Cleverfy los fichajes quedan sellados con hora y minuto, son consultables por el trabajador y quedan listos para una inspección sin reconstruir nada a mano. Puedes verlo funcionando antes de que el decreto obligue a tenerlo.

Si el decreto sale el 31 de julio, en septiembre o más tarde depende de una negociación política ajena a la empresa. Lo que sí está en su mano es llegar a esa fecha con el fichaje ya en regla.

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Fuentes: Noticias Obreras (CCOO), Qué.es.

Imagen: Firma del Estatuto del Becario (2023): Unai Sordo, Yolanda Díaz y Pepe Álvarez. © UGT, vía Wikimedia Commons (CC BY 2.0).