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Díaz reafirma ante los sindicatos que el registro horario saldrá adelante

Yolanda Díaz asegura en una movilización sindical que aprobará el registro horario digital pese al dictamen del Consejo de Estado y la oposición en el Congreso.

Por Cleverfy ·
Díaz reafirma ante los sindicatos que el registro horario saldrá adelante

Nota legal: Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico. El Real Decreto de registro horario digital sigue en tramitación y todavía no se ha publicado en el BOE.

”Lo vamos a conseguir”

Yolanda Díaz no suele dejar margen a la interpretación cuando habla del registro horario, y el 18 de junio volvió a hacerlo. Lo dijo en Madrid, durante la movilización europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos junto a CCOO y UGT: “Hay muchos en contra, pero lo vamos a conseguir”. Y antes, casi como respuesta a quienes le piden que frene: “A veces me dicen que hicimos demasiado, que estemos quietos. No, no más empezamos. ¡Queremos un registro horario!”.

La frase llega en un momento incómodo para el decreto. La fecha que la propia ministra había fijado —aprobación antes del 21 de junio— se cumple esta semana y el texto no ha pasado por el Consejo de Ministros. Que Díaz salga a reafirmarse en un acto sindical, cuando el plazo se le agota, dice más sobre la presión política que sobre el calendario real.

El argumento que repite Trabajo

Detrás de la insistencia hay una cifra que Díaz maneja como bandera: 2,5 millones de horas extra que cada semana se trabajan en España sin pagar. Sin un registro fiable esas horas no aparecen en ningún sitio, así que ni se cobran ni cotizan. Para Trabajo, ese es el problema que justifica el decreto, no el papeleo administrativo que denuncian las patronales.

Es la misma munición que usaron los líderes sindicales cuando presionaron al Gobierno días antes. La diferencia es quién la dispara ahora: la ministra que tiene la competencia para firmar la norma.

Por qué el registro va por decreto y no por ley

El origen de todo esto explica la urgencia. El plan inicial era reducir la jornada legal a 37,5 horas semanales mediante una ley, y esa ley se cayó en el Congreso en septiembre cuando PP, Vox y Junts aprobaron las enmiendas de totalidad. Díaz lo recordó en el acto sin rodeos: “las tres derechas tumbaron esta ley”.

El registro horario es lo que queda en pie. Al tramitarse como Real Decreto, el Gobierno puede aprobarlo sin pasar por la Cámara, donde no tiene los apoyos. De ahí que Díaz apele a la movilización en la calle —“si la fuerza del trabajo se moviliza, no van a ganar”— en lugar de a la negociación parlamentaria: es una norma que el Ejecutivo puede sacar solo, y eso es lo que la mantiene viva pese a los reveses.

El reparo que sigue pesando

El obstáculo no ha desaparecido por mucho que Díaz repita que no se rinde. En marzo, el Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable al borrador: cuestionó la evaluación del impacto económico, advirtió de que ciertas obligaciones encajarían mejor en una ley que en un reglamento y señaló carencias en la protección de datos del trabajador. El dictamen no es vinculante —el Gobierno puede aprobar el decreto igual—, pero da cobertura a quien quiere retrasarlo.

Aun así, desde Trabajo mantienen que los trámites siguen su curso. A principios de mes, el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey reiteró que la norma estará aprobada en los próximos meses, incluso antes del verano. Las declaraciones de Díaz del 18 de junio confirman la voluntad política del ministerio, pero no añaden una fecha al BOE, que sigue sin existir.

Qué cambia para una pyme

Poco. El ruido político sobre fechas no altera el fondo: el rumbo lleva dos años fijado y el Tribunal Supremo ya viene tumbando los registros manuales y en papel caso tras caso, haya decreto o no. Lo que está en duda es el día exacto de la obligación, no su contenido, que se conoce desde que el borrador empezó a circular.

Para una empresa que aún ficha en papel, esperar al BOE para moverse es la peor estrategia: el histórico de fichajes no se fabrica hacia atrás, y la Inspección puede pedir datos de meses anteriores. Adelantarse cuesta poco —soluciones como Cleverfy cubren todos los requisitos del borrador desde 1,50 € por empleado y mes (ver precios)— y evita migrar con prisas el día que todas las empresas busquen proveedor a la vez.


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Fuentes: Europa Press.

Foto: Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Belgian Presidency of the Council of the EU 2024, CC BY 2.0. Imagen recortada.

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